Para asesorar a las familias sobre la adquisición segura de terrenos en Quintana Roo, evitando fraudes y protegiendo su patrimonio
Chetumal.- La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico y WhatsApp 983 184 0860, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, para quienes requieran asesoría e información sobre la certeza jurídica al adquirir un terreno o propiedad en el estado. El servicio está orientado a proteger los derechos de las familias quintanarroenses y evitar posibles fraudes en la compra de bienes inmuebles.
Este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa, bajo la premisa de que todas las familias tengan acceso a un futuro con seguridad jurídica.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa continúa impulsando acciones que promuevan la igualdad, la justicia social y la prosperidad compartida para todas y todos.
El director general de AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando, subrayó: “Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para proteger su patrimonio. Con esta línea buscamos fortalecer la seguridad jurídica en la compra de propiedades y garantizar que cada familia quintanarroense cuente con la certeza legal que merece. Nuestra prioridad es ofrecer asesoría clara y oportuna para prevenir fraudes y garantizar un desarrollo urbano ordenado y justo”.
AGEPRO invita a la población a verificar que los terrenos en venta cuenten con los permisos municipales y estatales correspondientes antes de concretar una transacción. Comprar terrenos sin los permisos adecuados constituye un delito de acuerdo con los artículos 268 y 269 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, sancionado con penas de 4 a 12 años de prisión.
Se alerta a la ciudadanía sobre el riesgo de fraude al adquirir terrenos, bajo el supuesto que cuenta con un expediente emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
La única garantía de certeza jurídica la proporciona un título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
